Imagen de minería en Sibaté, uno de los 21 municipios tocados por las nuevas Zonas Compatibles con la Minería, que definió el Ministerio de Ambiente. / Foto: Gustavo Torrijos – El Espectador

Tomado de El Espectador

“Nuestro municipio es de vocación ecoturística y agropecuaria”, aclara William Forero, alcalde de Cogua, población a una hora de Bogotá que disfruta la riqueza natural que rodea el embalse de Neusa. “Por eso, no estamos de acuerdo con que habiliten más de 4.000 hectáreas para minería. No la queremos”.

Su molestia surge por la resolución 2001 del Ministerio de Ambiente, que el 2 de diciembre pasado definió 21 zonas compatibles con minería (ZCM) en la sabana de Bogotá. La medida provocó un zaperoco, no sólo por la oposición de los ambientalistas, sino porque la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y encargada de velar por el cumplimiento del fallo que ordena salvar el río Bogotá, suspendió el 16 de diciembre los efectos de la decisión, mientras verifica si ésta cumple con la protección del principal afluente de la región.

Cogua es tan sólo uno de los 21 municipios tocados por igual número de nuevas ZCM en las que se permitirán actividades mineras de ahora en adelante (ver gráfico al final del texto). La resolución también ordena terminar con la explotación por fuera de esas zonas, para lo cual las empresas involucradas deben acogerse a un plan que las obliga a dejar el ecosistema donde operan apto para actividades forestales o agrícolas.

Así cumple el Ministerio, en el papel, con el mandato de la Ley 99 de 1993. Esta norma, además de declarar la Sabana de Bogotá y sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional (cuya destinación prioritaria debe ser agropecuaria y forestal), le ordenó al Minambiente determinar las zonas compatibles ambientalmente con la minería.

En la región, donde se han otorgado unos 430 títulos mineros, tradicionalmente se han explotado arcilla, carbón y materiales de construcción. El Ministerio estableció las primeras ZCM de la Sabana en 1994, que sumaban unas 11.300 hectáreas. Las amplió a 13.919 ha mediante una resolución de 2004, pero el Consejo de Estado la tumbó en 2010, así que siguieron vigentes las ZCM iniciales.

Con la reciente decisión, el Minambiente intenta ponerse al día en la materia, sobre todo por los mandatos del fallo que protege el río Bogotá, y añade unas 7.000 hectáreas nuevas, con lo que el área habilitada queda en 18.000 hectáreas, casi la superficie de una ciudad intermedia como Soacha.

Era una norma esperada con ansiedad desde diversos sectores, y que, como lo contó El Espectador en su momento, había generado inquietudes entre los constructores que veían en peligro su tradicional fuente de materiales. (Lea también: Encrucijada por zonas para uso minero).

Las críticas

En un análisis que la Corporación Geoambiental Terrae hizo en octubre, cuando las nuevas ZCM aún estaban en estudio, manifestó su preocupación por los posibles daños a la riqueza medioambiental de la sabana. “El Minanbiente hace una propuesta contraria a sus obligaciones legales y en contravía de sus propios estudios”, resaltó, pues, en su criterio, las ZCM incluyen áreas que antes no estaban afectadas por la minería, pueden dañar cuencas abastecedoras de agua, se cruzan con relictos de bosque, no respetan zonas con vocación agropecuaria, hitos religiosos como capillas, ni zonas de importancia arqueológica como las pinturas rupestres.

Ese análisis incluye observaciones de cada zona. Hay cuatro que, por ejemplo, tocan el sur y el oriente de Bogotá, incluso en su casco urbano, a pesar de que desde 2012 la Secretaría Distrital de Ambiente le envió varios documentos al Ministerio argumentando por qué consideraba pernicioso incluir la ciudad en esas zonas.

Lea también: Otro llamado para acabar la minería en Bogotá

Al abordar el caso de la capital, Terrae indica que una ZCM quedó a 300 metros del páramo Cruz Verde-Sumapaz, afectando la quebrada Yomasa y una bocatoma; además, se traslapa con el agroparque Los Soches. Otra es contigua a la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá y “afecta nueve quebradas y tres bocatomas”.

La minería en la ZCM ubicada entre Soacha y Bogotá, la más grande de las 21 (4.873 hectáreas), afectará, según ese diagnóstico, 51 quebradas. El análisis describe además posibles riesgos en Sibaté, Mosquera, Bojacá, Subachoque, Tabio, Zipaquirá, Cogua, Tausa, Nemocón, Chocontá, Suesca, Guatavita y Tocancipá. Hace énfasis en la afectación sobre las rocas del llamado grupo de Guadalupe, formación natural de la sabana que actúa como zona de recarga acuífera.

Para Julio Fierro, geólogo de Terrae, la resolución es cuestionable, en definitiva, por dos razones: porque desconoce las normas que protegen la Sabana y el río Bogotá, y porque el tiempo para terminar con la explotación por fuera de las ZCM es de cinco años, prorrogables en algunos casos, algo que “termina siendo un instrumento de explotación disfrazado”.

El abogado y consultor ambiental Rodrigo Negrete considera que el Minambiente “terminó validando títulos mineros que ahora están en las ZCM y quedan protegidos. El Ministerio, a mi criterio, fue regresivo en esa decisión”.

Ambos coinciden en que no se trata de sacar de tajo la minería de la Sabana. Fierro dice, puntualmente, que un análisis juicioso de las normas que protegen esta región permitiría la extracción, aunque de manera muy restringida. Su propuesta es que, por mucho, se dejen las zonas existentes que, hay que reconocerlo, ya están muy afectadas.

“No quedarán todos contentos”: ministro de Ambiente

La resolución plantea la posibilidad de modificar las ZCM en caso de que las alcaldías o autoridades ambientales presenten mejores mapas que evidencien que las áreas, en efecto, deben cambiar por el bien del medioambiente. Ese es el principal argumento del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, para responder a las críticas. “Estaba frustrado porque no había resolución y llevábamos años discutiéndola”, le dijo a El Espectador. “Planteé la necesidad de sacarla, hacerle así una propuesta a la región e iniciar un nuevo debate. Cuando la gente la vea, podrá hacer propuestas más concretas. Eso sí: sabemos que no todo el mundo quedará contento”.

Al preguntarle por la queja tanto de organizaciones de la sociedad civil como de los mismos alcaldes, en el sentido de que no fueron tenidas en cuenta sus observaciones, responde que después de un sinnúmero de reuniones en las que se chocaron múltiples visiones sobre la sabana, su despacho se acogió a “criterios técnicos que indicaron que, a pesar de que unos municipios le dicen no a la minería, ocupan áreas donde se puede hacer”.

Advierte que en un territorio que haga parte de una ZCM no necesariamente se hará explotación en un futuro, pues eso depende de que a los interesados en hacerla les otorguen una licencia ambiental. Además, la resolución les reconoce a las alcaldías autonomía para definir si permiten o no las actividades mineras en las ZCM que toquen sus municipios.

Pero esa eventual salida para los alcaldes, basada en una reciente sentencia de la Corte Constitucional, ya la cuestionó la Procuraduría. Esta institución le pidió al Ministerio eliminar esa opción de su resolución, pues se basa en un fallo del alto tribunal que no está en firme. Sobre la afectación o no al ambiente, no dijo nada.

En medio de todo, es claro que alrededor de las nuevas ZCM hay muchos intereses que no se limitan al Gobierno y los ambientalistas. Los mineros saben que la decisión llega en un momento crucial para su negocio, ya que, al menos para los que explotan materiales de construcción, se vienen años de una gran demanda en Bogotá, debido a las megaobras que planea la Alcaldía.

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