Autor: Danilo Urrea & Inés Calvo En: http://www.semillas.org.co

Tras cuatro décadas de mega minería en el norte de Colombia, las comunidades de la Guajira y el Cesar han sufrido la profunda transformación de su territorio por esa actividad

Las relaciones ancestrales y tradicionales que las comunidades de la Guajira mantuvieron con sus aguas como garantía de la vida y elemento sagrado, se han visto desconfiguradas por la actividad extractiva minera privilegiada como supuesto motor de desarrollo económico de la región y del país. Mientras las condiciones de acceso al agua se complejizan a diario, se desvanecen los argumentos a favor del crecimiento económico como justificación de un modelo extractivista en el departamento, por la injusticia hídrica de la que son objeto los pueblos que allí habitan, además de los recientes fallecimientos de niñas y niños guajiros como consecuencia de la desnutrición y el abandono estatal que sufre este sector y en general las poblaciones menos favorecidas. Claramente, los hechos, que hablan por sí solos, dan cuenta de las falacias del crecimiento económico como factor de bienestar social, lo que, en última instancia, podría resultar inversamente proporcional, pues a mayor crecimiento económico que puede expresarse en la entrada de regalías a La Guajira, empeoran las condiciones de vida de la mayor parte de la población étnica.

Tras cuatro décadas de mega minería en el norte de Colombia, las comunidades de la Guajira y el Cesar han sufrido la profunda transformación de su territorio por esa actividad, y en muchos casos experimentado sus consecuencias irreversibles. Estos departamentos han concentrado los principales proyectos mineros desde hace treinta años, con las explotaciones en El Cerrejón y La Loma. Así, la intensa actividad de explotación de carbón a cielo abierto ha empobrecido los suelos, contaminado y agotado las fuentes hídricas, acabando de esta forma con la vocación agrícola y ganadera de La Guajira; además ha provocado la desaparición de poblados y el desplazamiento masivo de los pobladores originarios, entre los que se encuentran afrodescendientes de Tabaco, Roche, Patilla, Chancleta, etc., y resguardos indígenas como Tamaquitos.

Aunque el modelo extractivo minero que se impone en Colombia está sustentado por una estrategia de vieja data impulsada por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), principalmente por el Banco Mundial a través de su programa petróleo, minería y gas, el pasado reciente del país ha generado condiciones de posibilidad para su enraizamiento. Durante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) la entrega de títulos mineros se incrementó exponencialmente en Colombia: en ocho años la superficie continental concesionada para exploración de minerales pasó de 1,13 millones a 8,53 millones de hectáreas . En ese periodo, y bajo el concepto de la seguridad democrática y la militarización de territorios combinada con la construcción de leyes de despojo, se desplazaron en el país aproximadamente cuatro millones de personas ─de un total de 44.5 millones que habitan actualmente el territorio nacional─ entre campesinos y grupos étnicos. Entre 1997 y 2010 se despojaron alrededor de 6.5 millones de hectáreas, de un total de 118 millones que posee el país, para la implementación de proyectos minero-energéticos. Más allá de una política gubernamental para el favorecimiento del modelo minero-energético que beneficie a intereses trasnacionales, Uribe Vélez procuró constituir una política minera de Estado, como se encuentra en la proyección que de ésta se diera desde la Visión Colombia 2019.

Con la llegada al poder de Juan Manuel Santos (2010-2014) las condiciones para el modelo, que el mandatario denominó la locomotora minero-energética, han sido modificadas institucional y legalmente para favorecer los procesos de licenciamiento ambiental, entrega de títulos y fiscalización privada de los títulos existentes. La aparición de “agencias” encargadas en gran medida de entrega de licencias ambientales (en manos ahora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)) y la entrega de títulos por parte de la Agencia Nacional Minera, dan cuenta de un proceso de corporativización estatal, en donde ya no son las carteras ministeriales, como el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, desde dependencias como Ingeominas quienes controlan a cabalidad estas funciones, sino estas nuevas agencias de carácter público-privado.

El departamento de La Guajira  

Es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado al norte del país y perteneciente a la región Caribe. Este departamento cuenta con once municipios donde viven un total de 846.641 habitantes, según censo de 2011. La Guajira alberga al mayor grupo de indígenas del país, con un 20.2 % de la totalidad nacional. La composición social es en más de la mitad interétnica, con un 44.9% de población indígena y un 7.5% de afro descendientes.

Respecto a las fuentes superficiales de agua, en La Guajira transitan dos ríos importantes: el río Cesar y el río Ranchería. El último se extiende por 223 kilómetros, nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre los tres mil metros del nivel del mar, y culmina su tránsito en el mar Caribe, en el municipio de Riohacha (capital del departamento). El balance hídrico de la cuenca hidrográfica del río Ranchería es aportado principalmente por la precipitación. Según se consigna en el plan de gestión ambiental regional (PGAR) para el periodo 2009 – 2019, elaborado por la Corporación Autónoma Regional (Corpoguajira), las lluvias garantizan el balance hídrico de la cuenca con variaciones de precipitación de menos de 300 mm/año, principalmente en la alta Guajira, y más de 2000 mm/año al noroeste de la Sierra Nevada, lugar de nacimiento del Río (PAGR, 2009).

Existen nueve municipios que son cobijados por el Río Ranchería, a saber: Albania, Barrancas, Distracción, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, Riohacha y San Juan del Cesar. En estos municipios, a excepción de Distracción, Fonseca y Barrancas, que se surten del líquido directamente del río como fuente superficial, el acceso al agua es posible a partir de fuentes subterráneas (aljibes, pozos hidráulicos). Las aguas subterráneas se encuentran distribuidas en una extensión aproximada de 13 kilómetros cuadrados. En La Guajira el servicio público de acueducto y alcantarillado no alcanza el 50 %. En dichas circunstancias, con tan bajo cubrimiento de distribución de agua y de saneamiento básico, los pozos y aljibes se convierten en la principal fuente de abastecimiento y de desarrollo de las actividades económicas.

Conflictos ambientales por el agua en el departamento de La Guajira

Mientras los conflictos por la ampliación e imposición de la actividad minera avanzan a lo largo y ancho del país, y las asimetrías se profundizan en departamentos como La Guajira y el César, en la base de las reclamaciones de quienes se niegan a permitir actividades extractivas mineras en sus territorios, hay un elemento común que ha permitido el florecimiento de discursos diferenciados alrededor de la minería: el agua, convirtiéndose en un verdadero eje de articulación de las luchas y horizonte de sentido para la reconfiguración territorial. El agua se presenta como un bien en disputa en el departamento de la Guajira. A partir de la imposición del aprovechamiento minero de El Cerrejón, el agua ha sido sometida a procesos de privatización.

Las comunidades wayuú y afrodescendientes han sufrido los procesos de contaminación producto de la explotación carbonífera, y también han sido testigos de los procesos de apropiación de las aguas para el uso minero. Así, durante los años de explotación de carbón, en La Guajira se constata un modelo que “no tiene que ver solamente con la manera mediante la cual alguien se apropia del bien natural transformado en recurso en las actividades humanas de producción, despojándola a la vez de los otros valores y usos que este bien posee. También cómo esa apropiación es además selectiva y se dirige a las aguas de mejor calidad (no contaminadas), lo que inevitablemente conduce a que sean muchos más los que se quedan sin cantidad y calidad suficiente del líquido para las actividades cotidianas” (Isch; 2011).

La historia de la actividad extractiva minera y sus consecuencias en el agua tiene como protagonista, y que a nuestro juicio se ha hecho tristemente célebre, a El Cerrejón. Esta mina, que lleva el mismo nombre del entramado empresarial que la opera , tiene un área de 69.000 hectáreas. Además de carbón existen en la zona importantes yacimientos de gas natural. El carbón térmico del departamento de la Guajira (así también el que se ubica en el departamento del Cesar) tiene bajo contenido de cenizas y de azufre, y en el caso de la Guajira altos contenidos caloríficos, condiciones que lo hacen apetecido por los mercados europeos y norteamericanos, quienes a través de sus empresas se adueñan del mineral y lo convierten en materia de exportación . Además de sus propiedades químicas, el carbón colombiano tiene una ubicación estratégica: debido a la relativa cercanía geográfica con Europa y Norteamérica, y en comparación con la distancia de Australia e Indonesia, es más fácil su acceso a los mercados de las grandes potencias.
Efectivamente, la historia de los años de explotación del Cerrejón refleja efectos contundentes sobre el agua. El proceso de extracción que tiene lugar en la región, se ha realizado sin tener en cuenta los mecanismos de control ambiental sobre el Rio Ranchería que, siendo la casi única fuente superficial para el consumo humano y las actividades productivas en la región, es uno de los que más impactos ha sufrido por la industria del carbón ya que la mina El Cerrejón se encuentra asentada en la parte media de la cuenca del Río, alterando la actividad de éste en sus diversos tramos.

La contaminación de las aguas superficiales del rio Ranchería, que en gran media es producto del polvillo de carbón que llega a la fuente de agua por la explotación y por el transporte del material en volquetas, lleva por conexidad de las fuentes a la contaminación de los acuíferos, lo que incrementa la magnitud del problema si se tiene en cuenta que más del 50% de la población se abastece por los pozos subterráneos. Aparece por consecuencia en el departamento una escasez de agua directamente ligada con la contaminación generando la disminución alarmante de la pesca en los últimos años, además del impacto de las excavaciones en los índices de evaporación, ocasionando, todo ello, serias alteraciones en el ciclo hidrológico. Además, según las comunidades aledañas a las zonas de vertimiento del Cerrejón al Río Ranchería, se dispone una alta cantidad de grasas, aceites, combustibles, carbón mineral y nitrato de amonio sobre el Río Ranchería y otras fuentes hídricas superficiales.

Privatización por apropiación de aguas y desaparición de fuentes

Como está consignado en el plan de manejo ambiental elaborado por El Cerrejón en el año 2000, la concesión de aguas del Río Ranchería en la zona centro es de 25 litros por segundo (desde la Resolución 4911 del 13 de diciembre de 1996, y resolución 1770 del 14 de julio de 1999). Por otra parte, y consignado en el mismo plan de manejo, el gasto de agua, para regar las vías en el intento por aplacar el polvillo del carbón en el aire, es de 17 mil metros cúbicos por día, en una clara competencia y acaparamiento frente a otros usos del agua asociados a la supervivencia humana. De otra parte, las comunidades afro descendientes e indígenas señalan que en la actualidad se han perdido completamente entre ocho y diez arroyos y quebradas producto de la minería de carbón, entre ellos Bartolico y Araña e’ Gato. A otras fuentes superficiales les han cambiado el curso para el aprovechamiento minero, pudiéndose comprobar esta situación en los arroyos de Aguas Blancas y Tabaco .
Tal y como ha sido expresado en los análisis frente al acaparamiento de aguas producto de concesiones a empresas, estas situaciones obedecen a los problemas críticos que presentan las herramientas de gestión del agua en Colombia: “En el caso de las concesiones de agua, por ejemplo, dado que el Código Nacional de Recursos Naturales (CNRN) no definió y hasta hoy no se cuenta con una metodología práctica para la asignación del agua, este procedimiento queda en manos de los funcionarios de turno de las Corporaciones Autónomas Regionales. De esta forma no existe un criterio más o menos objetivo y claro para hacer estas asignaciones […] Las limitaciones al uso del agua no sólo están determinadas por apropiarse de gran cantidad de ella sino también por las restricciones que se le imponen mediante el deterioro de su calidad (Rojas. 2011).

La privatización del agua, por la apropiación de fuentes principales como el Río Ranchería, para distintas fases del aprovechamiento minero, se combina con los procesos de contaminación y en última instancia se configura una negación del acceso al Río y a las aguas en general en el departamento del norte de Colombia. Sumado a ello, el acaparamiento de tierras y aguas es producto también del cercamiento que se ha dado con la compra de terrenos por parte de la empresa minera, lo que impide el paso de las comunidades al Río a través de esas propiedades, ahora privadas.

Otro factor que no se puede dejar de destacar al hacer referencia a la apropiación de las aguas, es la construcción de la Represa El Cercado sobre el Ranchería. La presa de cien metros de altura y para un área de inundación de 638 hectáreas fue presentada y sostenida como un proyecto de infraestructura en San Juan del Cesar para abastecer nueve acueductos comunitarios y los sistemas de riego en los distritos Ranchería y San Juan del César. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene conocimiento de la puesta en marcha de dichos proyectos, y lo que le ha quedado a la población, luego del llenado de la presa en 2010, cuyo proceso duró tres meses en lugar de los tres años previstos inicialmente, es el aumento de enfermedades asociadas a la contaminación, entre ellas el dengue y la leishmaniasis, consecuencia de procedimientos del llenado desprovisto de la apropiada remoción de biomasa al interior de la represa.

El proyecto de desviación del Río Ranchería y otros desvíos

En el año anterior, y como fue conocido ampliamente por la opinión pública del país, la empresa El Cerrejón propuso realizar una desviación, o modificación del cauce del Río Ranchería, para facilitar la ampliación de la mina y la explotación carbonífera. El proyecto P500, de desviación del río, se previó en 26.2 kilómetros para extraer 500 millones de toneladas de carbón. Según la empresa, la desviación implica la construcción de una nueva represa con capacidad de almacenamiento de doce mil metros cúbicos de agua, esta vez sobre el Río Palomino, tributario directo del Ranchería. La represa se construiría aguas arriba del lugar de expansión de la mina.

Ya en las dos décadas anteriores se han dado desplazamientos de las comunidades aledañas a la zona de influencia de la minería de carbón, y sobresalen los casos de Tabaco, Palmito y Oreganal que a pesar de la resistencia que opusieron, desaparecieron producto de la cooptación de líderes, y la imposibilidad de mantener las formas de vida tradicionales en medio de la contaminación y la apropiación de las aguas por parte de la empresa. Por tanto, la propuesta de desviación del Río Ranchería ha sido rechazada por las comunidades guajiras, tanto por las tradicionales como por sectores directamente vinculados a la defensa del territorio, entre los que se encuentran académicos, sindicatos, sectores políticos, entre muchos otros que dieron origen al Comité Cívico de La Guajira en Defensa del Río Ranchería.

Desde entonces, en articulación con otras organizaciones y sectores del país, y con un trabajo de información y acompañamiento territorial, el Comité ha logrado que tanto las comunidades como los demás sectores corroboren y ataquen lo que la minería ha significado para el Departamento y la nula correlación entre las promesas del desarrollo en los municipios y la realidad popular; ocasionando que El Cerrejón abandone temporalmente la iniciativa, argumentando la caída internacional de los precios del carbón.

Luego del proceso de articulación comunitaria e intersectorial para enfrentar las pretensiones de desviación del Río, proceso en el que se realizaron navegaciones por el Ranchería, foros, debates departamentales y regionales, etc., la empresa abandonó la propuesta, más la amenaza sigue latente para la población, pues no se ha abandonado la intención de extraer las quinientas millones de toneladas de carbón que se encuentran bajo el lecho y en la cuenca del Río.

Actualmente, la empresa ha presentado la intención de desviar el Arroyo Bruno ubicado en las jurisdicciones del los municipios de Albania y Maicao, y uno de los principales afluentes del Rio Ranchería al sur de La Guajira. Dicho arroyo surte de agua a comunidades indígenas y afrodescendientes. Tras la polémica propuesta de desviar una parte de su cauce para la expansión de la explotación minera, el Ministerio del Interior emitió la certificación número 501 de marzo de 2012, en la que indicó la no existencia de comunidades afrodescendientes que se vean afectadas por este proyecto. La certificación señaló, además, que sólo los resguardos Cuatro de Noviembre, La Horqueta y El Rocío, y las comunidades indígenas de Ulupa, Chinai y Kayushuwalu se verían directamente afectadas. Pero la realidad es que tras un fuerte verano de más de seis meses, el arroyo Bruno se convierte en la única fuente de abastecimiento de agua para las comunidades afrodescendientes de Cuestecitas, las que habitan en el municipio de Albania y Maicao y a sus respectivas cabeceras municipales.

Más allá de casos puntuales, como el del Arroyo Bruno, una de las situaciones que nuevamente han prendido las alarmas de las comunidades respecto a su acceso al agua y la permanencia de su cultura en la zona norte del país, valdría la pena observar el comportamiento que la minería va desplegando en la región. Se advierte que los intentos de desviación del río se realizan de manera parcial (como con la propuesta actual de desviación del arroyo), en pequeños tramos, y de esta manera se va consiguiendo el objetivo de “despejar” el área para la extracción del carbón bajo el lecho del Ranchería. Lo que eventualmente podría repercutir directamente en nuevos episodios de despojo territorial y de precarización de la vida de las etnias y sus territorios.

Finalmente, podemos señalar a manera de conclusión que los conflictos ambientales por el agua que tienen lugar en el departamento de La Guajira se presentan fundamentalmente por la combinación de las formas de privatización de las aguas, por apropiación y contaminación producto del modelo extractivo. En un contexto de escasez hídrica, y en condiciones climáticas adversas, el acaparamiento de tierras favorable al modelo minero energético configura al mismo tiempo un escenario de acaparamiento de aguas, y de patrimonio natural que se entrega a los intereses corporativos.

Este hecho representa una violación sistemática de los derechos territoriales y comunitarios. La minería en Colombia, y la historia de extracción que se ejemplifica en la explotación de carbón en el norte del país, han generado despojo territorial que se ampara en la ausencia de marcos legales efectivos para el cumplimiento de los derechos territoriales; más bien, se configura la acumulación por despojo desde una arquitectura de la impunidad construida con la complicidad del Estado para el favorecimiento trasnacional.

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