Durante el tercer día del  “V foro Agua, Medio ambiente y Servicios Públicos”  se pudo sentir un ambiente de energías encontradas entre la preocupación,  la indignación, y sobre todo, la voluntad de seguir resistiendo al devastador neoliberalismo. Se insistió en la necesidad de sumar las experiencias de América Latina por la defensa del agua y de elaborar de manera conjunta un nuevo modelo de desarrollo que permita a las comunidades vivir en equilibrio con la naturaleza, garantizando el bienestar humano sin destruir los territorios.

“En Brasil ya somos  más de 200 millones de habitantes, 4 millones de personas no tienen acceso a un baño pero existen más de 270 millones de teléfonos celulares. En la ciudad de Sao Paulo viven cerca de 11 millones de personas y existen casi 7 millones de automóviles”

La presentación de diversas experiencias de otros países de América Latina permitió contrastar las realidades sociales y las luchas por la defensa del agua y el acceso a los servicios básicos y vitales en la región. Los ponentes coincidieron en afirmar que el modelo capitalista ha demostrado ser  devastador con la tierra y ha promovido la privatización masiva de las fuentes de agua y los territorios más biodiversos del continente. Roberto Alves Silveira De la Central de Trabajadores del Brasil CTB hizo un llamado a replantearnos el modelo desmesurado de consumo inducido por el capitalismo: “En Brasil ya somos  más de 200 millones de habitantes, 4 millones de personas no tienen acceso a un baño pero existen más de 270 millones de teléfonos celulares. En la ciudad de Sao Paulo viven cerca de 11 millones de personas y existen casi 7 millones de automóviles”

“En Perú más del 20% del territorio se ha concesionado a la actividad minera”

La privatización de las fuentes de agua y de las empresas de servicios públicos ha demostrado ser una vía para incrementar el capital multinacional pero no para garantizar el abastecimiento de los servicios básicos y vitales para las poblaciones. En la misma dirección los gobiernos de américa han facilitado la expansión de la frontera extractiva en proporciones desmesuradas durante las últimas décadas, entregando títulos mineros a multinacionales y cediéndoles gran parte de los territorios más biodiversos de los países.  Como afirma Nassario Arellano Choque de Director Departamental Defensa Laboral CTGP “En Perú más del 20% del territorio se ha concesionado a la actividad minera”. La expansión de proyectos de industria extractiva en el país es una tendencia que se ha afirmado durante las últimas 2 décadas; Existe una gran presión para la flexibilización de las leyes ambientales en el Perú”.  Esta alianza entre el sector privado y el Estado es consecuencia directa del modelo de desarrollo capitalista que favorece los intereses del capital por encima del bienestar común de los pueblos. Mientras tanto, en Colombia la consecución de licencias mineras antes se tardaba entre 6 a 9 años, hoy, gracias a las reformas de licenciamiento ambiental, deben ser aprobadas en menos de 6 meses. Cómo expone Miller Dussan miembro de la Mesa Social Minero Energética y Ambiental Por La Paz.

“El Estado social de derecho, ya no existe, ahora es un Estado Corporativo trasnacional”

“El Estado social de derecho, ya no existe, ahora es un Estado Corporativo trasnacional”, con esta sentencia Dussan expone la crisis socioambiental que enfrentan los países de América Latina a manos de las alianzas corporativas entre los gobiernos y los particulares.  El capitalismo verde no es más que una estrategia para concesionar los territorios a multinacionales del sector energético. Esta estrategia del neoliberalismo convierte bienes de la humanidad en servicios privados que tienen un costo para ser garantizados. Es una tendencia en América Latina que preocupa a todos los sectores y organizaciones ambientales.

Se insiste en la movilización de masas en torno a la defensa del agua como bien común y no como recurso.  Es urgente la construcción de un movimiento nacional de resistencia que confronte el modelo trasnacional, fortaleciendo las economías campesinas, indígenas y afrodescendientes y elaborando  una legislación alternativa a la mercantilización de los bienes comunes surgida del interior de las propias  comunidades.

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