Después de ser notificada de la suspensión del proceso para desviar las aguas del arroyo Bruno, que tiene por objeto ampliar el área de explotación carbonífera, Cerrejón informó que acatará lo ordenado por el Tribunal Administrativo de La Guajira, pero que “impugnará esta decisión ante el Consejo de Estado”.

Argumenta la compañía minera que el proyecto “cumplió con todas las instancias” que exige la legislación colombiana, cuenta con todas las autorizaciones y permisos correspondientes, y fue diseñado bajo “los más altos estándares técnicos, sociales y ambientales”. (Ver infografía)

Al resolver una tutela presentada por Marcela Lorenza Gil Pushaina, autoridad tradicional del asentamiento ancestral La Horqueta compuesto por 80 indígenas wayuu, el Tribunal ordenó la instalación de una mesa técnica interinstitucional, en la que participen cerca de 20 organismos del orden nacional y territorial. Ellos deben diseñar un plan que asegure a la comunidad el estudio técnico definitivo de la no extinción del agua proveniente del Bruno y que se determine si existe influencia directa de la modificación del cauce. También, en respeto al derecho a la igualdad pues comunidades indígenas más apartadas del arroyo “ancestral” sí fueron consultadas sobre la desviación, la sentencia ordena realizar una consulta previa con la comunidad demandante.

RESPETAR DERECHOS. Esta decisión fue recibida con beneplácito. El presidente del Comité Cívico Dignidad por La Guajira, Felipe Rodríguez, aseguró que “Cerrejón debe respetar los derechos del pueblo wayuu, sobre todo porque las redes de conducción de este arroyo cubren el 90% de la población de Albania y el corregimiento de Cuestecita”.

Agregó que las consultas previas están respaldadas por convenios internacionales y, por lo tanto, su realización debe hacerse antes de llevar a cabo este proyecto “y no a conveniencia de las multinacionales dueñas del Cerrejón, que desconocen las normas para imponer sus intereses”.

Rodríguez insistió que en La Guajira hay “un gran déficit de agua”, ya que el 87% es terreno desértico; además, es la zona del país con menor capacidad para retener y regular el agua, afirmó.

PREGUNTAR A TODOS. Jazmín Romero Epiayu, integrante del colectivo Fuerza Mujeres Wayuu, también respalda la decisión del Tribunal porque los cuerpos de agua “son del pueblo guajiro y no de la multinacional”.

“Apoyamos el consentimiento libre, previo e informado y creemos que, más allá de una consulta, lo que se debe hacer es preguntarle a toda La Guajira si quieren que se desvíe algún río o arroyo”, manifestó.

El Comité Cívico Dignidad por La Guajira denuncia que Cerrejón ha destruido doce arroyos afluentes del río Ranchería y ha desplazado unos 20 mil guajiros de sus territorios, por lo que desde que se dio a conocer el proyecto han llevado a cabo una campaña para evitar que el desvío del Bruno.

Estas obras consisten en intervenir el cauce natural del arroyo, desviando 3,6 kilómetros a una distancia de 720 metros de su cauce, para mantener la producción de 35 millones de toneladas de carbón al año.

Tomado de: EL HERALDO

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