“Estamos asustados con la desviación del arroyo Bruno porque vamos a sufrir más, ¿de dónde vamos a sacar el agua?”, afirma Lorenza Pérez Pushaina, autoridad tradicional de La Horqueta 2, una de las comunidades wayuu que sufren la sequía en el departamento de La Guajira y que se benefician del agua del arroyo Bruno, afluente que la empresa minera Cerrejón pretende desviar para extraer cerca de 40 millones de toneladas de carbón que, según Misael Socarrás, líder wayuu, residen bajo su cauce.

El arroyo Bruno está ubicado entre los límites municipales de Albania y Maicao, y nace a 420 metros de altura en la reserva natural de los Montes de Oca. Abastece de agua a comunidades asentadas en la cabecera municipal de Albania, que en su mayoría son afrodescendientes, y, por lo menos, a 34 comunidades wayuu. Según un informe de la organización Censat Agua Viva publicado este año, “cerca al Arroyo Bruno viven aproximadamente trescientas personas que estarían distribuidas desde la comunidad de Tigre Pozo hasta La Horqueta 2”.

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Fuente: Censat Agua Viva

El desvío del arroyo Bruno está contemplado dentro del proyecto de expansión P40, mediante el cual el Cerrejón pretende incrementar la producción de carbón de 32 a 40 millones de toneladas anuales a partir de 2015. Se pretende desviar un tramo del arroyo de 3.6 kilómetros, a una distancia de 700 metros al norte de su cauce natural.

Este proyecto hace parte del proceso expansivo proyectado por Cerrejón como Nuevas Áreas Mineras (NAM), en el que se ampliarán los Tajos de Oreganal, Tabaco y La Puente (en ese último reside el arroyo Bruno). Estos proyectos de ampliación significarán la desviación de otros arroyos, como el Arroyo Tabaco, Cerrejón, Los Estados, El Salado y el río Palomino.

Los diseños para el desvío del arroyo están avalados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la cual otorgó su licencia a Cerrejón mediante la Resolución No. 759 de 14 de julio de 2014. No obstante, según esta entidad, la desviación del arroyo fue aprobada previamente mediante Resolución 670 de 27 de julio de 1998 por el entonces Ministerio del Medio Ambiente, quien concedió el Plan de Manejo para la explotación de las Nuevas Áreas de Minería a la empresa, en ese entonces llamada International Colombia Resources Corporation (INTERCOR).

Esta certificación del Ministerio fue la pauta para que posteriormente la ANLA otorgara la autorización correspondiente, la cual, según la Coordinación de Minería de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de esta Autoridad “es el producto de un proceso metodológico y evaluativo tanto técnico como jurídico, amparado en la normatividad ambiental vigente, en postulados constitucionales de prevalencia y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, y en todo caso procurando siempre protección del patrimonio ecológico y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades”.

No obstante, los habitantes de la zona cuestionan los cimientos legales del proyecto, pues denuncian irregularidades en el proceso de consulta previa que fue realizado por el Ministerio del Interior en el año 2014. La consulta previa es el derecho que tienen los pueblos de decidir sus prioridades cuando se van a llevar a cabo actividades dentro de sus territorios. Las comunidades que se abastecen del arroyo Bruno señalan que el Ministerio solo consultó a la comunidad de Campo Herrera, la que, según su ubicación, no se vería afectada directamente por el desvío del arroyo.

Las comunidades afectadas se han venido organizando para evitar el desvío del arroyo. En diferentes reuniones con las autoridades nacionales y regionales y con la empresa Cerrejón han presentado sus exigencias, pero afirman que se dirigen hacia una movilización. En el año 2012 lograron frenar el desvío del río Ranchería, uno de los afluentes más importantes de La Guajira en donde desemboca el arroyo Bruno. Esta vez esperan volver a ganarle la batalla a la multinacional.

Fotografías: Jennipher Corredor

El desvío de arroyo Bruno supone la vulneración del derecho humano al agua  para los habitantes de la zona y evidencia la falta de reconocimiento por parte del gobierno nacional respecto al significado cultural del arroyo para la vida de las comunidades étnicas, quienes lo entienden como un lugar sagrado de encuentro, esparcimiento, socialización y recreación. La pérdida del abastecimiento del agua para estas comunidades pone en riesgo su autonomía y soberanía  alimentaria, y vulnera el derecho a un medioambiente sano.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la crisis humanitaria en La Guajira en el 2014, “La mayor parte de las comunidades étnicas en el departamento no cuentan con acceso al agua para consumo humano, ni tampoco para realizar las actividades que constituyen su sustento básico, tales como la cría y pastoreo de ganado caprino y los cultivos de pancoger (maíz, fríjol, yuca, auyama, entre otros), lo anterior amplía, aún más, los índices de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, genera desequilibrio social, afecta la calidad de vida de las comunidades y su posibilidad de crecimiento y desarrollo”.

 

En una entrevista realizada por el programa radial Rompecabezas del CINEP/Programa por la Paz, Carlos Franco, gerente de Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional del Cerrejón, afirmó: “Toda actividad humana tiene impactos negativos y la minería tiene unos impactos adicionalmente más grandes. Tiene impactos en relación al consumo del agua, la calidad del aire, la capa forestal, los cuales están identificados y se encuentran en unos planes de manejo ambiental”. En relación con el arroyo Bruno, la empresa ha manifestado que los impactos serán mitigados y compensados de tal forma que el arroyo continúe prestando sus servicios ambientales.

Por esta razón, el proyecto de desviación le apuesta a reproducir el arroyo con sus condiciones físicas originales para garantizar la supervivencia de fauna y flora. Así mismo, pretende garantizar calidad y cantidad de agua suficiente para los usos que se le ha dado hasta ahora, pero hace la salvedad de una posible disminución temporal del caudal durante la época de sequía.

Ana María Llorente, ingeniera ambiental que ha estudiado el caso del arroyo Bruno y miembro del Grupo de investigación geoambiental Terrae de la Universidad Nacional, explica los impactos ambientales que supondría la desviación del arroyo y habla sobre la viabilidad del proyecto.

Hace 20 años, Cerrejón desvió el arroyo Aguas Blancas, también en La Guajira, y los resultados de su recuperación ambiental son desastrosos. Lo que solía ser un afluente caudaloso hoy es un corredor de piedras secas y tierra árida en donde no corre ni un mínimo de agua. El arroyo está muerto, incluso aguas arriba de donde fue desviado.

Según Ana María Llorente, “Estos antecedentes nos permiten saber que es imposible que las características ecosistémicas de los arroyos permanezcan una vez son desviados. Cerrejón argumenta que los arroyos se afectan solo aguas abajo de su desviación, pero estamos hablando de sistemas continuos y completos, entonces intervenir un tramo afecta toda su extensión. Eso es lo que le puede pasar al arroyo Bruno”.

Fotografías: Ana María Llorente

Es importante mencionar que el arroyo Bruno en época de sequía guarda una reserva de agua subterránea, esto para mantener su equilibrio. Por tal razón, en algunos tramos y épocas secas no se ve la misma cantidad de caudal pero esto no quiere decir que no tenga agua. Según elinforme de Censat Agua Viva, el arroyo Bruno es un cuerpo de agua permanente y esta falta de visbilidad en algunos tramos “más bien estaría indicando las dinámicas hidrogeológicas propias de la zona donde las características de las estructuras rocosas como su porosidad determinan en buena medida la hidrodinámica regional”.

Actualmente, en su tramo final, el arroyo Bruno está siendo contaminado por aguas no tratadas que vienen de la mina y se estima que a diario, cada cinco minutos, dos o tres carrotanques extraen de su caudal 12.000 litros de agua, cada uno, para abastecer a 12.000 indígenas wayuu que ya no cuentan con el recurso. Estos vehículos llevan agua a lo largo y ancho de La Guajira, pasando por Albania, Maicao, Uribia, Riohacha y algunos sectores de Manaure.

Si bien el proyecto de desviación ya está avalado por la ANLA, aún faltan tres permisos que deben ser concedidos por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) para iniciar las obras correspondientes a levantamiento de veda forestal, aprovechamiento forestal e intervención del cauce.

Los estudios para otorgar los permisos serán realizados por Corpoguajira y la ANLA, pero aún no se tiene claridad sobre el estado del proceso. Cerrejón financiará dichos estudios, situación que genera desconfianza en las comunidades afectadas y en las organizaciones que han acompañado el proceso, pues se pone en duda la parcialidad de los resultados.

El problema que el caso del arroyo Bruno evidencia va más allá de una acción minera con fuertes impactos ambientales y comunitarios que ha sido avalada por el Estado, se trata también de un espejo en el que se refleja el modelo nocivo con el que el mundo busca el desarrollo (entendiendo  como el crecimiento y la evolución de las naciones). Querer desviar el arroyo supone un desconocimiento de lo que somos y del lugar en el que habitamos, y una muestra de cómo los gobiernos tienden a poner el beneficio económico sobre las creencias, las prácticas y la vida misma de las comunidades.

En la última Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de este año, el carbón fue el principal objeto de debate, pues la comunidad internacional ha llamado la atención sobre la responsabilidad de los combustibles fósiles en el cambio climático.

Según Carlos Franco, gerente de Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional del Cerrejón, “el carbón tiene una vida corta proyectada a futuro, pues la tendencia mundial es el reemplazo del carbón por otras fuentes de energía. En Europa la aspiración es que en el 2050 se acabe el uso del carbón, pero es bueno tener en cuenta que eso no es hoy y que de aquí a allá hay que explotarlo responsablemente”.

A pesar de que Cerrejón estima poder seguir explotando el carbón en el tiempo que resta, la Organización de las Naciones Unidas exige acciones prontas y ha generado campañas para que los inversores internacionales se sumen al proceso de descarbonización de la economía, alentando la desinversión en combustibles fósiles. La coyuntura mundial nos llama a frenar la explotación de carbón y, en esa medida, se cuestiona la viabilidad de desviar los arroyos, pues se sabe que a futuro, en un escenario de cambio climático agudizado, será más importante el agua que el mineral negro.

Los guajiros que habitan cerca al arroyo Bruno exigen respeto hacia este cuerpo de agua, pero esta exigencia trasciende a todos los colombianos. 461.000 millones de regalías, cifra anual que pagó Cerrejón al Estado en el 2014, no revertirán el daño profundo e irreversible que dejará en la tierra, en las comunidades, en el patrimonio natural y simbólico de Colombia el desvío del arroyo, sobre todo de cara a los impactos del cambio climático. Necesitamos al Bruno vivo, necesitamos los ríos con agua, es hora de descarbonizar el discurso de desarrollo y proteger a aquellas comunidades que todavía respetan la vida del planeta.

María Alejandra Navarrete
Oficina de Comunicaciones
Artículo tomado de: CINEP
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