Mientras los territorios de las comunidades sufren problemas de sequía, la empresa Cerrejón gasta cerca de 17 millones de litros de agua al día en su proceso de explotación carbonífera. Entre tanto, cada persona en la Guajira sólo tiene acceso a 0.7 litros de agua al día.

Por eso las comunidades exigen que se suspenda la actividad del Cerrejón en esta temporada de sequía y se privilegie el derecho humano al agua. Estas y otras reivindicaciones se socializarán durante las jornadas por la vida que se desarrolla este fin de semana en La Guajira.

Amén de la solidaridad que ha generado la crisis ambiental en la región, es necesario que el país le exija al Cerrejón que deje de gastar de manera desmesurada el agua de las comunidades. Frente a temas como la irreversibilidad de los daños, el desvío del poder a favor de los intereses empresariales, la evidente devastación ambiental y los daños culturales, sociales y territoriales en La Guajira, las comunidades realizaron las jornadas por la vida y la defensa dle territorio entre el 7 y el 9 de agosto de 2014:

JUEVES, 7 de agosto: Tribunal: Agresión minera al territorio con acompañamiento de jueces nacionales e internacionales para visibilizar los daños acumulados generados por la empresa del Cerrejón.

VIERNES, 8 de agosto: Recorridos por los sitios sagrados que se han visto agredidos por la explotación minera.Volver a línea automática.

SÁBADO, 9 de agosto: Dos jornadas de consulta autónoma de las comunidades wayúu de Provincial y Tamaquitos II sobre la expansión carbonífera.Volver a línea automática

SÁBADO, 9 de agosto: Conmemoración de los 13 años de impunidad del desalojo de la comunidad afrocolombiana de Tabaco.

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Desde hace más de 30 años, las comunidades indígenas y afrocolombianas ancestralmente asentadas en el departamento de La Guajira (Colombia), están obligadas a convivir con las graves consecuencias de la explotación minera de una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, el Cerrejón. Más de 69.000 Hectáreas del territorio en el sur de La Guajira son propiedad de la empresa transnacional y con lo cual se confina a las comunidades en territorios reducidos que amenazan su sobrevivencia. La explotación carbonífera abrió un cráter enorme en esta región; expertos señalan que por cada millón de tonelada de carbón explotado, quedan aproximadamente 10 millones de toneladas de desechos en los territorios; es decir que de los 34,6 millones de toneladas de carbón producidas en el 2012, la empresa Cerrejón generó alrededor de 340 millones de toneladas de desechos como tierra estéril.

Mientras los territorios de las comunidades sufren problemas de sequía, la empresa gasta cerca de 17 millones de litros de agua al día [1] en su proceso de explotación carbonífera que funciona las 24 horas y que ha producido una permanente contaminación del aire, suelo y agua. Estas afectaciones han generado daños acumulados en los territorios y han causado múltiples enfermedades en las comunidades que sufren su impacto. La falta de regulación adecuada de la industria extractiva en Colombia, una institucionalidad orientada más hacia la protección de los intereses económicos que de los derechos de las comunidades y el alto grado de impunidad de las violaciones a los derechos constituyen grandes obstáculos en el acceso a la justicia.

La consulta previa, libre e informada, derecho fundamental de las comunidades, es ignorada por Estado y las empresas, que ven en ella un obstáculo para sus intereses y buscan reducirla a un mero trámite de legitimación de éstos. Así se evidenció en 2012, en el caso del proyecto P-500 que pretende desviar el Río Ranchería, principal río del departamento. Aquí el Cerrejón y el Estado colombiano adelantaban trámites obteniendo firmas de las comunidades a cambio de alambres de púas, hilazas, motores fuera de borda y chivos[2].

Por la gravedad de la situación comunidades indígenas han decidido realizar procesos propios e independientes de consulta autónoma y con ello incorporar una reflexión sobre todos los aspectos que afectan la vida colectiva, la permanencia en el territorio y la sobrevivencia para las actuales y futuras generaciones: “No vamos a aceptar trámites engañosos que ellos llaman consulta para responder de que sí nos pueden cortar la cabeza. El río es nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestro ser.”

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