Hace unas semanas una delegación de indígenas y afroguajiros viajaron cientos de kilómetros desde el caluroso sur de la Guajira a Bogotá, su objetivo era entregar una múcura llena de agua del arroyo Bruno a los magistrados de la Corte Constitucional colombiana; quienes en el mes de agosto, expidieron un auto de suspensión durante tres meses de todas las obras o intervenciones sobre este arroyo a propósito del proyecto P40 de expansión minera. Mientras esto sucedía en Colombia, en la misma semana cientos de jóvenes europeos de la iniciativa Ende Gelande bloquearon las vías ferroviarias de acceso a la central de Neurathen en la zona de Renania, una de las termoeléctricas más contaminantes  y de las zonas de mayor extracción de carbón en Alemania. La minería a gran escala de carbón y sus implicaciones en los territorios donde se extrae, es la principal protagonista de estas dos acciones que se entretejen para exigir de manera determinante el fin de la expansión de la frontera extractiva de carbón.

Este clamor que surge de los ya conocidos impactos en las diferentes etapas de la cadena de producción y comercialización del carbón, insiste en la necesidad de parar la extracción y la quema de carbón en el mundo por sus inminentes afectaciones a las aguas y al clima. Las voces de pueblos como el del Cesar y la Guajira, que hace años han sido vistos por las multinacionales y el gobierno colombiano como zonas de sacrificio, junto con las de las comunidades europeas afectadas por la minería y la quema del carbón, reúnen una memoria de más de 100 años de explotación de carbón en sus territorios evidencian que la expansión de esta industria extractiva es insostenible, por sus implicaciones culturales y sociales, por los procesos de despojo y desplazamiento forzado que han producido, por las violaciones de derechos humanos a las personas defensoras del territorio, por la crisis climática y ambiental y sobre todo porque la reducción de la extracción y quema de este mineral significa un beneficio para todos los seres vivos del planeta.

En contraste a estas posiciones, las empresas multinacionales mineras y la revista Semana, con participación de algunos representantes del gobierno colombiano, han publicado un especial intitulado: carbón la base de todo.  En esta publicación, cómo en otras anteriores asistimos a la ya acostumbrada alianza entre los grandes medios de comunicación y los sectores extractivos,  alianza siempre fértil que con millones de recursos construye una narrativa en donde la verdad es maquillada con grandes fotos, poca investigación, cifras grandilocuentes y sobretodo con las voces silenciadas de las comunidades.

La publicación desarrolla por ejemplo argumentos acerca de la “ancestralidad” del uso del carbón, citando el caso de los muiscas y ubicando al carbón como un mineral fundamental para la construcción de las ciudades y su “desarrollo”. Esta remembranza, primero trata de conectar dos mundos y dos formas de extracción del carbón que no se relacionan y más bien se contraponen. No puede decirse que un antecedente histórico del extractivismo minero de carbón actual es el uso doméstico y de supervivencia que tuvo el carbón en épocas prehispánicas. Otro argumento es alrededor de la transición energética; según el ministro de minas y energía Germán Arce, “los países “desarrollados” aún exigen el uso de carbón y mientras esto suceda y el consumo energético se mantenga, Colombia seguirá siendo uno de los grandes productores”. Esta afirmación resulta desafortunada e irresponsable cuando los costos de la crisis climática producidos por la emisión de GEI (gases efecto invernadero) han sido abrumadores para nuestro país y los compromisos con la reducción de las emisiones involucran la superación de una crisis civilizatoria exacerbada por un modelo extractivista y de adicción energética sin precedentes. Además, es importante resaltar que la insistencia gubernamental en la extracción del carbón en nuestro país, desconoce y desestima las implicaciones ambientales y sociales que la relocalización extractiva en los países sur tienen.

En este panorama, las voces de los pueblos afectados por la minería de carbón se convierten en la base de todo, porque sus demandas claman porque este mineral continúe en las entrañas de la tierra, garantizando así la integridad del territorio, la libertad de las aguas y la necesidad de los pueblos como el de la Guajira a permanecer con dignidad y a su buen vivir. Así mismo, las voces de los pueblos afectados por la minería necesitan ser escuchadas en escenarios menos asimétricos como los que las empresas y los medios de comunicación hegemónicos orquestan para el lavado de sus atrocidades y la publicidad de una minería que nunca será bien hecha.

Queda en manos de la Corte Constitucional colombiana proteger a las comunidades Guajiras  y también a millones de personas que somos y seremos afectadas por la expansión de la industria del carbón y sus letales consecuencias, aquí en Colombia y en el mundo entero.